La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, estableció la obligación de las Administraciones
públicas sanitarias de orientar sus actuaciones prioritariamente a la promoción de la salud y la prevención
de las enfermedades.

La citada Ley prevé que las actividades y productos que, directa o indirectamente, puedan tener
consecuencias negativas para la salud, sean sometidos por las Administraciones públicas a control por
parte de éstas y a llevar a cabo actuaciones sanitarias para la mejora de los sistemas de abastecimiento de
las aguas.